Denuncia alcalde corrupción judicial

SE CUENTA EN MILLONES. El Ayuntamiento de Tlajomulco pierde 53 millones de pesos entre 2010 y 2016 a causa de estos juicios. Foto: EL DIARIO NTR

SE CUENTA EN MILLONES. El Ayuntamiento de Tlajomulco pierde 53 millones de pesos entre 2010 y 2016 a causa de estos juicios. Foto: DIARIO NTR

DIARIO NTR.- Por una pérdida de 53 millones de pesos en juicios durante seis años y operación de abogados talibanes, el presidente de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, denunció corrupción en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

Aunque no señaló funcionarios dentro de éste, sí mencionó algunos nombres de abogados talibanes y dijo que pedirá al fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, que investigue.

“Queremos levantar la voz en contra de los abogadostalibanes de cuello blanco, de secretarios, magistrados, los malos servidores públicos que laboran en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. No estoy señalando a nadie en específico, tiene que abrirse una investigación. Al señor fiscal le preocupa el tema de los talibanes, nada más que para talibanes, los que están en el laboral. Los de la Junta local son una ternura comparados con los abogados del tribunal. Y el modelo de la administración de justicia laboral en Jalisco está construido en el seno de la corrupción para favorecer a los bandidos en general”.

Los abogados que mencionó como talibanes fueron Miguel Ángel Gómez Partida, quien ha ejecutado 48 juicios contra Tlajomulco por más de 40 millones de pesos, y a Benjamín Castillo Díaz, con 31 juicios por más de 20 millones de pesos.

Ejemplificó con un juicio reciente que le podría costar un millón 900 mil pesos, de los cuales estimó que un millón es para el demandante, 500 mil pesos para el abogado talibán y 400 mil se reparten en el Tribunal.

“No tengo dinero para pagar esos juicios. Pueden proceder hasta con mi destitución, pero voy a investigar. Traigo varias peticiones del Congreso que si no pago el millón 900, me va a destituir”.

Respecto a la denuncia, comentó que la presentarán ante Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quien resulte responsable por los delitos de fraude, falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, así como delitos cometidos en contra de la administración.

Además, el Municipio hará un aviso a la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que revise las sentencias emitidas y montos de abogados.

Finalmente, hizo un llamado a modificar el modelo de justicia laboral.

Actualmente, Tlajomulco enfrenta 33 procesos por incumplimiento de pago y desde 2010 a la fecha ha otorgado 53 millones de pesos del erario público en juicios; tuvo 471 demandas ante el tribunal, de las cuales 128 fueron a favor del demandante. Existe el riesgo de perder más de 212 millones de pesos en juicios recientes. Además, señaló que se calcula que las administraciones municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentan juicios de más de 2 mil millones de pesos.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, exhortó a Uribe Camacho a presentar las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado.

“Con todo respeto de la autonomía del presidente, si hay un hecho delictivo, que ya lo denuncie, dé nombre y apellido para que entonces la autoridad correspondiente, en este caso la fiscalía, empiece a abrir una carpeta de investigación para que se investiguen estos hechos”.

A su decir, el estado tiene conocimiento del tema y no es omiso, debido a que también lo padece.

Respaldan la denuncia

La Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTM) se unió a la denuncia pública sobre la corrupción en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón que realizó el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho. Señaló un círculo vicioso que lleva la magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García y el dirigente de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, Juan Pelayo Ruelas.

“Nosotros estamos de acuerdo con algunas de las declaraciones del presidente Uribe porque ya veníamos nosotros denunciando la gran corrupción el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. El problema es que hay tres magistrados: uno lo pone el gobierno, otro la Federación oficialista de Juan Pelayo y el tercero entre los dos, y el problema reside en que la magistrada Verónica Elizabeth Cuevas, que es la que nombró Juan Pelayo, es la que tiene más tiempo ahí y desde nuestro punto de vista es la cabeza de la corrupción”, señaló el secretario general del FGTM, Cuauhtémoc Peña Cortés.

Detalló que muchos de los juicios en Municipios los alargan artificialmente las partes patronales y la gente ligada a la Federación para sacar más recursos a las dependencias públicas. Los salarios caídos crecen y así se reparten el dinero entre los que llevan los juicios y la Federación. “No dudamos, tampoco tenemos las pruebas, pero nos parece muy sospechosa la actitud de la magistrada”.

Precisó que en los juicios de derecho colectivo en los que se han pedido tomas de notas o el registro de sindicatos democráticos que no controla la federación oficialista se han negado hasta por un año y medio. Pero esta acción no es igual para los sindicatos que están con Juan Pelayo porque “aun cuando no cumpla con lo mínimo que la ley señala, les dan las tomas de nota en 24 horas”.

“Incluso la misma magistrada se atreve a sugerir a los secretarios que si quieren que salga su toma de nota, se tienen que afiliar a la federación que representa Juan Pelayo. ¿Por qué hace todo esto? Porque su permanencia depende de mantener como federación mayoritaria a la de Pelayo”.

Puntualizó que esta magistrada tiene alrededor de 15 años en el puesto y que el tribunal está colapsado, pues hay más de 15 mil demandas rezagadas y no existe personal suficiente ni estabilidad laboral.

Antecedentes

.Aunque los abogados talibanes fueron mencionados por el alcalde de Tlajomulco, éstos se dieron a conocer antes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando el ahora fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, era secretario del Trabajo

.Desde 2013 son tema atorado para Almaguer Ramírez, quien logró identificar a 66 abogados que supuestamente realizaron más de mil juicios laborales en el estado a través de corrupción en la Junta

. En ese año se señaló a dos personas: el abogado Gildardo González Pérez y Luis Fernando González Esparza. Y también se dio a conocer el juicio millonario contra el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa)

. En agosto del año pasado, el fiscal general prometió avanzar en las 26 denuncias penales contra éstos; tres meses más tarde, celebró la detención de dos abogados talibanes y uno de sus socios del caso Siapa